CONSEJOS AL SR. RAJOY (III)

LA REFORMA DE LA JUSTICIA

Hasta los legos en Derecho saben que una democracia no es tal sin una Justicia independiente y eficaz. Teniendo en cuenta los medios materiales y personales de que dispone el sistema judicial español (y que, a pesar de las carencias, han mejorado en las dos últimas décadas), el nivel de la Administración de Justicia en los escalones inferiores (Juzgados y Audiencias provinciales) en general es bueno; es pasable en los escalones intermedios (Tribunales Superiores de Justicia de las CC.AA.); y es nefasto en los escalones superiores (Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional).

Lo primero que debería acometerse es una reforma en el sistema de nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. No puede ser que los miembros de tan Alto Tribunal respondan, como una correa de transmisión, a los intereses políticos de quienes les designan, los partidos. No es de recibo que sean meros recaderos de los partidos políticos, hasta el punto de enmendarle la plana al Tribunal Supremo extralimitándose claramente en sus competencias constitucionales, cuando deberían ser los juristas con mayor nivel de formación, prestigio e independencia del país. El desprestigio del TC no procede de sus sentencias (que pueden gustarnos más o menos): procede del servilismo de sus miembros y de la utilización política que de ellos se ha hecho. Nada queda ya del espíritu Tomás y Valiente en el TC, un magistrado de una categoría humana y profesional tan elevada que hasta ETA decidió quitarlo de enmedio. Nada queda del prestigio de Gloria Begué o de tantos otros. Ahora el TC está plagado de obedientes mayordomos del poder que sólo esperan la llamada de Ferraz o de Génova. Y ahora los presidentes del TC se dejan hasta abroncar en público por una Vicepresidenta del Gobierno (ex vicepresidenta, por suerte).

Debe modificarse el sistema de acceso a la Judicatura, eliminándose el "cuarto turno", uno de los cánceres de la Justicia precisamente porque el "reconocido prestigio" es valorado y premiado por políticos, no por profesionales. Mientras la mayoría de los jueces y fiscales han entrado en la profesión tras dejarse los ojos entre miles de folios para superar una de las oposiciones más duras, otros pocos privilegiados de "reconocido prestigio" (concepto éste más que indeterminado) entran por la cara y gracias al apoyo de un partido político. Deben extirparse de las carreras judicial y fiscal los De la Vega,  los Bermejos, o los Alonsos que tanto daño han hecho a uno de los poderes esenciales del Estado. Sólo así se podrá resucitar al Montesquieu al que Alfonso Guerra contribuyó a asesinar.

La verdad es que si el ciudadano de a pie supiera cómo se accede en muchos casos a la condición de Magistrado del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional, las vendettas, los apaños, las adhesiones inquebrantables y los enjuagues que hay, se plantaría a la puerta de ambos Tribunales con un mechero y una lata de gasolina. Si eso es lo que cabe decir del TC y del TS, ni les cuento lo que cabe decir del CGPJ. 

El CGPJ, como órgano de gobierno de los jueces, debe ser elegido por los propios jueces, no por los partidos políticos. El CGPJ no debe ser un minicongreso que refleje al dedillo la proporcionalidad parlamentaria, debe ser un órgano independiente, responsable y profesional. Ojalá Gallardón, como nuevo Ministro de Justicia (y dado que es fiscal por oposición, no por ningún "cuarto turno") acometa esa reforma y tenga la valentía de separar la política de la Justicia. Porque mientras la política siga ensuciando y manejando la Justicia (con mayúscula), no existirá justicia (con minúscula) en esta democracia. Mientras alguien no ponga orden en este proceloso mar de mangoneos y no haya un Ministerio Fiscal que se ponga las pilas y un Tribunal que impute al que se niegue a ejecutar una sentencia firme, por muy Presidente de la Generalitat que sea, no habrá Justicia en esta democracia.

Para que la Justicia funcione no es necesario reformar los procedimientos. O al menos es preferible que no se toquen si quien lo hace no tiene ni idea de lo que se trae entre manos. Basta con que las reformas de los procedimientos en los distintos órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo y social) se aborden por expertos (y no por advenedizos que sólo responden a las consignas del partido) y se cuente con la opinión de los que a diario los aplican y notan sus carencias: asociaciones de jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, sindicatos judiciales. 

Es necesario que el Fiscal General del Estado deje de depender orgánicamente del Gobierno y que se suprima de raíz el principio de dependencia jerárquica del Ministerio Fiscal para dar paso a una Fiscalía independiente. Es necesario que la cúpula de la Fiscalía se profesionalice y se despolitice, y sería aconsejable que los fiscales (de carrera, por favor) adoptaran un mayor protagonismo en la instrucción de las causas.

En definitiva, la mayor necesidad de la Justicia es que se acabe con el intrusismo profesional: que los máximos protagonistas de la Justicia sean profesionales, y no politiquillos sectarios a la espera de la llamada telefónica de quien maneja sus hilos.