En 1978 se dio un paso fundamental en la inauguración de un nuevo modelo de Estado que respetaba la diversidad territorial de España. Con los años, se ha demostrado que ese modelo se ha salido de madre totalmente, y que ha derivado en un Estado federal fallido, con multitud de duplicidades competenciales, y que ya es absolutamente insostenible desde el punto de vista económico y financiero.
Tras las pasadas elecciones generales del 20-N (que han dado al PP la más amplia mayoría absoluta jamás conseguida por partido alguno en 30 años de democracia) y las últimas elecciones autonómicas y municipales (que tiñeron el mapa de azul con escasas excepciones), el Sr. Rajoy tiene en bandeja la posibilidad de gobernar de verdad y de introducir cambios de calado sin estar sujeto a las hipotecas de los nacionalistas.
Mi consejo fundamental al Sr. Rajoy es que sea valiente, que piense con mentalidad de estadista, y que aborde un cambio del modelo de Estado que resuelva de una vez los enormes problemas políticos y de gestión que tiene España para las próximas décadas, reformando para ello la Constitución y los Estatutos de Autonomía. Igual que el Sr. ZP aprobó recientemente una reforma constitucional en dos días, y en plenas vacaciones, no veo inconveniente para que no pueda diseñarse una estructura eficiente del Estado, reformándose de nuevo la Constitución y dejando a los nacionalismos succionadores de recursos en un total fuera de juego. Y me explico. La única salida que tiene el Estado de las autonomías es convertirse en un Estado federal, al estilo de EE.UU. o al estilo de los länder alemanes. El número de Estados federados podría ser variable, pero en esencia deberían unificarse CC.AA. homogéneas como Galicia y Asturias, como Navarra y La Rioja, como Castilla y León y Castilla La Mancha, como la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia... Por supuesto, dejando como Estados federados per se a Cataluña y País Vasco, con lo cual el propio Estado central le tomaría la delantera a los nacionalismos y se quitaría de encima esa presión.
La constitución de un Estado federal no tendría repercusión en la institución de la Monarquía parlamentaria que la Constitución establece, se trata de un nuevo modo de estructurar el Estado, no de un cambio de fórmula política. ¿Quién dice que no puede existir un Estado federal monárquico?
Todo lo anterior implicaría medidas de reorganización competencial como las siguientes:
1.- Recuperación de la unidad de mercado.
No es admisible que un comerciante, una empresa, o incluso un consumidor, estén sujetos a una legislación central (básica) permanentemente cuestionada (cuando no infringida) por los poderes periféricos y a 17 legislaciones especiales constituidas por una multitud de leyes autonómicas, decretos, reglamentos, ordenanzas... La unidad de mercado (que ya preveía la Constitución) es una exigencia básica y debe ser garantizada por el Estado federal, sin que pueda ser modificada por normativas sectoriales de los Estados federados.
2.- Recuperación de la unidad de prestación.
Paralelamente a lo anterior, debe recuperarse el principio de unidad de prestación en distintos ámbitos como el sanitario, el educativo o el asistencial. Basta un ejemplo para entenderlo: no es admisible que haya distintos niveles sanitarios en función del territorio. No es admisible que cuestiones como los transplantes o las intervenciones quirúrgicas sean gestionadas con criterios "territoriales", porque eso provoca movimientos de población de unos territorios a otros (movimientos que en la mayoría de los casos sólo pueden permitirse aquellos que tienen superior poder adquisitivo). La prestación sanitaria debe ser igual para todos en todos los Estados federados que se creen, y debe ser garantizada y gestionada por el Estado federal, pues es de lógica que los recursos se administran con mayor eficiencia si no se dispersan los esfuerzos en los engranajes de una burocracia interminable. La lista de espera para un transplante o para una intervención quirúrgica debe ser la misma en Salamanca que en Valencia, y para ello es imprescindible que el estado central recupere la competencia sanitaria y la haga sostenible.
3.- Recuperación de competencias estatales.
Al hilo de lo anterior, el Estado (ahora federal) debe recuperar su papel. La política exterior es única y la ejerce el Estado central. Adiós a las oficinas comerciales de las CC.AA. (ahora Estados federados) en el extranjero. Adiós a las subvenciones a los estudios sobre el cultivo del arroz transgénico en Katmandú. Y si los poderes periféricos quieren oficinas en el exterior, que las financien con su propio Presupuesto (en capítulo aparte hablaremos de la financiación de este modelo de Estado). La política económica es única y debe estar en manos del Estado federal. ¿Es de recibo que Cataluña implante el copago sanitario en su territorio o le reduzca el sueldo a los funcionarios catalanes (ya reducidos en Junio de 2010) mientras que en el resto de las CC.AA. no se aplican las mismas medidas? Evidentemente, algo chirría. Si queremos reducir el déficit y mejorar las prestaciones públicas, materias básicas como la sanidad, la educación, la política económica, el turismo, la justicia, la defensa y la política exterior deben ser competencia del Estado federal, que será quien decida, organice y legisle en exclusiva en dichos sectores, y dichas políticas deben ser ejecutadas y gestionadas por los Estados federados (poderes más cercanos al ciudadano) de conformidad con las directrices marcadas por la política nacional.
4.- Redefinición de competencias autonómicas.
Si hablamos de un Estado federal, ya no hablamos de CC.AA, hablamos de Estados federados. Y si un buen grupo de competencias va a volver al Estado federal, por fuerza hay que redefinir las competencias de los poderes periféricos. Estos, por descontado, tendrán su Presupuesto, que se elaborará de acuerdo con la política económica general. Se acabaron las aventuras nacionalistas y regionalistas, porque el objetivo de crecimiento y de salida de la crisis es un objetivo nacional. Cuénteme, Sr. Rajoy, qué diablos hace una CC.AA. gastando en materia de Juventud y Deportes cuando hay un Ministerio de Cultura en el ámbito estatal, 8.000 concejalías de juventud y deportes (una en cada uno de los 8.000 Ayuntamientos) y 41 departamentos de juventud y deportes (uno en cada una de las 41 Diputaciones provinciales y/o forales). Es de locos. El Estado federal debe asumir las competencias de interés nacional de las que ya hemos hablado, y los Estados federados la gestión (más cercana al ciudadano) de éstas y la legislación sobre sus propias peculiaridades territoriales siempre que no interfiera en la política nacional y con unos criterios de gestión racionales: por ejemplo, el Estado federado catalán podrá legislar sobre el uso de su lengua propia en su territorio, pero jamás imponer normativas que choquen con el bilingüismo que debe defender el Estado federal o que menoscaben otras lenguas cooficiales como el castellano. O por poner otro ejemplo, el Estado federado castellano (sé que suena heavy, pero es cuestión de acostumbrarse) podría regular su sector artesanal de acuerdo a sus peculiaridades culturales e históricas, pero sin chocar ni interferir con los objetivos y las políticas económicas diseñadas por el poder central, al ser éstas de interés general.
5.- Redefinición de competencias locales.
La redefinición de las competencias autonómicas (ahora Estados federados) exige una redefinición a su vez de las competencias locales. Quizá las mayores y más graves duplicidades que sufre el modelo actual están en el binomio poder autonómico-poder local. Dos burocracias gastando en lo mismo y muchas veces a destiempo. ¿No sería más eficiente conservar en los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales las competencias -adecuadamente financiadas- de desarrollo más cercano al ciudadano, como son la simple gestión del funcionamiento diario de las ciudades y de los pueblos de nuestra geografía, y dejar en manos de las CC.AA. (ahora Estados federados) competencias que exceden el interés municipal o provincial, como son la asistencia social, cultura y deportes, juventud, industria, transportes, fomento e infraestructuras, etc...? Porque cuéntenme qué hace una Diputación prestando el servicio de ayuda a domicilio a los mayores que lo requieren, como ocurre en la actualidad en los pueblos. Esa debe ser una competencia del Estado federado (antes CC.AA), gestionado sobre las bases de una política de asistencia social de ámbito nacional, y debe ser un servicio contratado (ahorrando así costes) al menos a nivel del Estado federado. Es incomible que cada Diputación contrate su propio Servicio de ayuda a domicilio, disparándose así los costes económicos al tratarse de una contratación a menor escala y multiplicándose el riesgo de "manejos" políticos por parte de quien tiene que adjudicar. Cuantos menos poderes adjudicadores, más ahorro y menos riesgo de corrupción, siempre que estén convenientemente vigilados.
6.- Medidas de eficiencia administrativa.
Para no indigestarle la mañana, Sr. Rajoy, y para no ser demasiado despiadado con mis lectores (si es que a estas alturas queda alguno), haré algún día capítulo aparte de este epígrafe. Me limitaré ahora a apuntar simplemente algunas medidas necesarias, como la fusión de municipios y la redefinición del papel de las Diputaciones. Es indecente que España tenga 8.000 Ayuntamientos, muchos de ellos en pueblos en los que hay cuatro casas, una iglesia y un frontón. Eso no hay economía que lo soporte. Deben fusionarse municipios (aunque los pueblos sigan geográficamente diferenciados) y gestionarse conjuntamente por un sólo Ayuntamiento. En la provincia de Salamanca, por ejemplo, hay más de 350 pueblos, cada uno con su Ayuntamiento (y su alcalde, sus concejales...). Muchos de esos pueblos son pueblos muertos, con una población que no merece -desde el punto de vista de las políticas públicas- un Ayuntamiento propio. Quizás en los tiempos de la fiesta presupuestaria podíamos, y no pasaba nada. Pero ahora estamos en otra historia. Y esa fiesta se acabó, aunque muchos políticos (algunos de su partido, Sr. Rajoy) no quieran enterarse y deseen seguir a lomos de la burra del despilfarro.
Y en cuanto a las Diputaciones, sólo diré que aquél que defiende su supresión es simplemente porque las desconoce. Las Diputaciones deben ser replanteadas en su organización y en sus competencias. No puede ser que las Diputaciones sean el cajón de sastre de las competencias que los demás poderes no quieren. Y paralelamente a esa reorganización, debe reducirse drásticamente el número de diputados provinciales, el número de asesores puestos a dedo por el partido (muchos de ellos sin una mínima titulación que les habilite para asesorar sobre algo), el número de coches oficiales, el número de viajes... Deben eliminarse pero ya gastos superfluos y a veces escandalosos (dietas, restaurantes, gastos protocolarios, subvenciones cuyo objeto es simplemente tener contentos a determinados colectivos y asociaciones, gastos de publicidad institucional, productividades injustificadas a determinado personal, obras tan faraónicas como inservibles...).
Este epígrafe da para mucho, créame, pero por hoy creo, Sr. Rajoy (y por extensión mis lectores), que ya lleva ración y media, así que le dejaré tiempo para digerir. Una última cosa: se que muchas de estas ideas deben cruzarse por su mente. Pero yo se las escribo para que constate que no eran tan descabelladas.
Otro día hablaremos del Gobierno.
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