REVENTAR LA CAJA

Que la legalidad les preocupa poco, ya lo sabíamos. Que para conseguir sus objetivos son capaces de utilizar el poder y el voto de millones de personas para construirse una legalidad a su medida, también. Pero que pasen por encima de las decisiones judiciales ya es otro cantar. Hablo de la nueva secta de mafiosos de nuestro tiempo: la SGAE. De nada vale lo que diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, situado en Luxemburgo. La entidad que gestiona en España los derechos de autor ha decidido ignorar la sentencia dictada el pasado 21 de octubre por los jueces de la UE y seguir cobrando el canon digital. Poco importa la resolución, que deja muy claro que se trata de una tasa abusiva e indiscriminada, que no se ajusta, además, a la directiva europea. 

Los representantes de los autores están dispuestos a seguir recaudando a toda costa. "La legislación española nos ampara y mientras que no se cambie, nuestra obligación es seguir cobrando el canon", asegura Rafael Sánchez, portavoz de las entidades y director de Egeda, la firma que defiende a los productores de cine. Un ignorante jurídico y un mafioso de primera categoría al que alguien debería explicarle que las sentencias afectan a todos (es lo que tiene el principio de igualdad) y VINCULAN a todos, independientemente de lo que digan las legislaciones nacionales. De hecho, lo que dijo el Tribunal al decir que el canon "es una tasa abusiva e indiscriminada, que no se ajusta, además, a la directiva europea", es -ni más ni menos- que la legislación de la Señora Sinde (SS, por abreviar) establece "una tasa abusiva e indiscriminada, que no se ajusta, además, a la directiva europea". Es decir, deja como un trapo al legislador español, y ordena que esa legislación no se aplique. Pero a los mafiosos del artisteo les da igual. Ellos tienen patente de corso.

Los autores (quiero decir, los que cobran; porque miles de ellos no han visto un duro) se han escudado desde el primer momento es que Luxemburgo ha avalado el pago de la compensación equitativa por copia privada: es decir, que deben ser recompensados de alguna manera por las copias, siempre y cuando no se incurra en piratería. Pero olvidan, sin embargo, el punto clave de la sentencia: la ilegalidad del canon español, que es preventivo (te sableo al comprar un CD "por si pirateas algo") y que no se ajusta a la directiva comunitaria; y sobre todo, el hecho de que ni las empresas, ni las instituciones, ni los despachos profesionales, ni las Administraciones Públicas tengan la obligación de pagar. 

La sentencia del TJCE ha provocado, de hecho, que cientos de Ayuntamientos, parlamentos autonómicos e incluso algunos gobiernos regionales, como la Generalitat de Cataluña, hayan anunciado ya la presentación de una demanda contra la SGAE para la recuperación del canon.

Josep Jover, el abogado de Barcelona que logró que el caso llegara hasta Luxemburgo, está convencido de que "desde que se dictó la sentencia, nadie está obligado a pagar, porque la justicia europea nos avala" e insta además a todo aquel que lo considere oportuno a que se una en una acción popular contra la entidad que preside Teddy Bautista para exigir la devolución de, al menos, 1.000 millones de euros. Y es que la SGAE y sus socios llevan cobrando el canon, primero analógico y luego digital, desde el año 1987. Yo añadiría además la posibilidad de querellarnos contra todos ellos (con SS a la cabeza) en el primer juzgado de lo penal que encontremos, por un delito de estafa y otro de prevaricación.

A la espera de que se inicien los procesos judiciales, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde (la señora SS), aseguró ayer en el Congreso de los Diputados que "sería deseable que en un plazo de seis meses se adecuara la actual normativa española del canon digital a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE)". De hecho, las televisiones comerciales, además de reivindicar la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, solicitan la institucionalización de un árbitro que resuelva los conflictos que puedan surgir durante las negociaciones. Quizá así se eviten casos tan vergonzosos (o tan de juzgado de guardia) como el de AIE, condenada por el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona por haber estado cobrando derechos de artistas musicales de EE.UU. sin estar legitimada para ello. Vamos, como si yo me invento una entidad de gestión y me pongo a recaudar supuestos derechos de cantantes de Madagascar y aledaños... Y es que, pasados unos años, esos ingresos formarían parte del patrimonio de la propia entidad si nadie los reclama. AIE tenía entre 20 y 25 millones de euros pendientes de repartir entre sus titulares. La SGAE, otro tanto de lo mismo: todos los años quedan sin repartir más de 30 millones de euros, que destina a "sus gastos": comprar un inmueble fastuoso para su sede (el Palacio del Infante D. Luis de Borbón, en Boadilla del Monte), blindar la pensión de su presidente, o forrarle el bolsillo a sus directivos a base de dietas y viajes en primera clase. González Sinde (SS) se inclina, sin embargo -en el marco de su docta sapiencia jurídica, sólo comparable a la de Leire Pajín-, por la postura de los autores, asegurando que la sentencia "no anula las normas nacionales, que se deberán seguir aplicando, por el momento". Ahí, con dos cojones, defendiendo la legalidad internacional, en lo que es toda una lección de Derecho. Según la ministra de la cosa, "en realidad consolida el derecho de los ciudadanos a hacer copias de originales legalmente adquiridos para uso privado y el sistema de compensación equitativa vigente en España" (sic). Y se queda más ancha que larga.

En cualquier caso, y al margen de que se reforme o no la ley, las entidades de gestión siguen acumulando problemas, expedientes y sentencias en contra. Muchos Ayuntamientos han exigido las actas inspectoras para pagar los derechos por conciertos o por obras de teatro (actas que no existen, pues la SGAE ya ni siquiera manda inspectores a las actuaciones, se limita a copiarlas de las páginas web municipales y a pasar la factura). En pasadas fechas, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que las ha multado ya en el pasado por abuso de posición dominante, anunció la apertura de un procedimiento sancionador contra la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y contra Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE). La razón: el establecimiento de tarifas abusivas a las televisiones, a raíz de una denuncia interpuesta por Antena 3 TV. Y es que después de dos años tratando de alcanzar un acuerdo sobre el  pago que la cadena debía hacer a las dos entidades, éstas decidieron romper unilateralmente las negociaciones al no aceptar la otra parte sus leoninas condiciones. Tras este percance, Antena 3 TV decidió presentar la correspondiente denuncia en la CNC el pasado mes de septiembre, habiendo sido admitida a trámite por el organismo de control hace pocas fechas. No obstante, las entidades de gestión se encuentran en la agenda de UTECA como una de las grandes reivindicaciones de las televisiones comerciales, junto al 5% de su facturación que anualmente tienen que dedicar a la producción de cine o la emisión de publicidad que hacen las televisiones públicas autonómicas. En concreto, las televisiones tienen que abonar a seis entidades de gestión (SGAE, AISGE, AGEDI, DAMA, VEGAP y AIE) alrededor de un 6% de sus ingresos brutos anuales. Dicho de otro modo, un 6% calculado sobre unos ingresos millonarios, que permitirán a Teddy Bautista, presidente de la SGAE, jubilarse con una pensión de 24.800 euros al mes, mientras muchos pensionistas españoles viven bajo el umbral de la pobreza, acudiendo a Cáritas, o en los casos peores, rebuscando en los contenedores de basura de los supermercados para poder sobrevivir. Un porcentaje que llevan años peleando, ya que estas entidades, en muchos casos, exigen un porcentaje sobre ingresos y no sobre los contenidos protegidos que representan y que salen en antena. Es decir, meten la pala en el cubo de todo lo que ingresa la cadena, y de ahí el 6% (sea contenido sometido a derechos, o no). El chocolate del loro, en definitiva. En palabras de los directivos y de los asesores jurídicos de Antena 3 TV, "las televisiones también somos autores. Somos conscientes de la necesidad de proteger la propiedad intelectual, pero nos resistimos a que no exista control alguno sobre las tarifas que imponen la mayoría de las entidades de gestión".
El caso es reventar la caja y trincar todo lo que se pueda antes de que la economía española salte por los aires y sea intervenida por la U.E. Algo para lo que ya no queda demasiado.