SUICIDIO ECONÓMICO

Podría decirme esa optimista enfermiza y lenguaraz llamada Leire Pajín en las cinco lenguas del Reino -y hasta en bable- que soy un catastrofista y un antipatriota, y quizá el título de este comentario sea un poco fuerte, lo reconozco, pero aún así, seguiría titulando mi vomitona de hoy de igual modo: "suicidio económico". Es a lo que nos abocan un Gobierno paralizado por los acontecimientos, y una oposición que cacarea mucho pero que es incapaz de trabajarse los apoyos parlamentarios suficientes para presentar una moción de censura cuya necesidad ya es clamorosa. Porque si entre unos y otros nos van a mantener en esta caída libre digna del mejor film de Hitchcock los dos años que quedan hasta las generales, por favor, nos lo digan, que lo mismo con los pocos ahorros que nos quedan podemos emigrar a algún país nórdico.

Ya no sólo es que resulte demoledor el dato del paro, que hasta se escapa de los ordenadores del INE por error y pone a la interpelada ministra Salgado en la lamentable y balbuceante situación de tener que utilizar en las Cortes el argumento de que se trata de un dato "no oficial", mientras nada se sabe del Ministro de Trabajo. Esas imprudencias causadas por la inexperiencia y/o por los nervios del momento, ya son lo de menos.

Ya no es que S&P, una de las tres principales agencias de calificación de riesgos, haya rebajado -de nuevo- la calificación del Reino de España, lo que ha provocado una brusca caída de la Bolsa, una caída del IBEX superior al 4% (lo que supone, en pasta, una caída de centenares de millones de euros, y lo que es peor, una caída en la confianza de los inversores). Y es lo de menos que la Vicepresidenta De la Vega trate de matar al mensajero cargando su propia irresponsabilidad y la de su Gobierno en dichas Agencias, al quejarse porque nos califican mal. Claro, soberana ignorante, el trabajo de las Agencias de riesgos es precisamente calificar riesgos, y el de los Gobiernos, aplicar políticas económicas. Es lo que tiene el mercado. 

Ya no es que este Gobierno esté más perdido que el fotógrafo del B.O.E. y desconozca las leyes económicas básicas que cualquier estudiante de Ciencias Económicas conoce en segundo de carrera, una de las cuales sostiene que la recaudación sólo se recuperará cuando las empresas vuelvan a ganar dinero de forma significativa y se cree suficiente empleo para que aumente la recaudación por IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades. 

Ya no es que el déficit público se haya incrementado de nuevo en los tres primeros meses del año y supere el 10% (recordemos que nuestra tasa se acerca peligrosamente a la tasa de déficit público de Grecia, en torno al 13%), a pesar de las promesas del Gobierno de recortar el gasto en nada menos que 50.000 millones de euros, promesa que se trasladó a las autoridades económicas y monetarias europeas y de la que nada se sabe a día de hoy.

Ya no es que los expertos de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) prevean un panorama desolador para las cuentas públicas este año y el próximo. Hasta el punto de que la deuda pública en circulación representará en 2010 el 66,2% del PIB, claramente por encima del 60% que impone como límite el Tratado de la Unión Europea. Y no sólo es que esa cifra haga temblar las piernas de los operadores económicos y aumente su desconfianza en las posibilidades de este país. Lo crucial es que esa cifra,  todavía por debajo de la media de la UE (83,8%), se está deteriorando a unas velocidades indescriptibles. Hay que tener en cuenta que en 2007 la deuda pública suponía tan sólo el 36,2% del PIB, lo que significa que en apenas cuatro años se habrá casi duplicado el endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas. En otras palabras, la caída libre de la economía española pasará una factura en términos de deuda de unos 300.000 millones de euros, una cifra que supone el 30% del PIB y que llevará aparejados unos inimaginables gastos financieros que pesarán como una losa sobre las siguientes generaciones, abocadas a pagar el coste de las imprudencias económicas -cuando no de la inacción- del Gobierno actual. Decididamente, a la ministra Salgado eso de los efectos ‘crowding out’, es que no debe ni sonarle. 

Ya no es que los sucesivos paquetes (no me refiero a los paquetes del Gobierno, sino a las más de 100 minimedidas económicas aplicadas o en fase de aplicación, algunas incluso incongruentes con otras) hayan hecho en la dura capa de la crisis el mismo efecto que produciría un mosquito sobre la piel de un hipopótamo. Ni que todavía estén por ver las consecuencias -impredecibles- sobre el consumo y sobre la demanda agregada de la inminente subida del IVA, que seguramente -por la previsible contención del consumo- ni siquiera contribuirá a aumentar la paupérrima recaudación de los ingresos públicos, inferior -como siempre- a las previsiones del Gobierno.

Ya no es que el Presidente del Gobierno haya repetido más de diez veces en los últimos dos años de recesión que la recuperación era inminente, que había síntomas de recuperación y que habíamos tocado suelo, techo, y hasta pared. Y que no haya acertado en sus propias previsiones ni una sola vez, ni él ni su equipo de cerebros pensantes (los que quedaron tras la huida de Solbes)

Lo verdaderamente grave es que con este desolador panorama, el Gobierno y el partido que lo sustenta sean tan sumamente irresponsables como para pretender enfocar la atención de la opinión pública en cuestiones que a nadie interesan y que, incluso, rozan el esperpento, y no me refiero al silencio reinante en Ferraz y en la Moncloa en relación con la abierta declaración de Montilla diciendo que "no tolerará" que el Tribunal Constitucional "se inmiscuya" (tiene cojones la cosa) en lo que libremente ha decidido el Parlamento catalán (sic), ni tampoco a la campaña de acoso y derribo al Tribunal Supremo. Tampoco me refiero a los desvaríos derivados de la política de memoria histórica. 

Lo grave es que se atrevan, con toda la cara, siquiera a plantear que en el Senado se instale un sistema de traducción simultánea castellano-catalán-vasco-gallego-valenciano, con el coste absurdo que ello supone. Imagínense a sus señorías, todas ellas -se supone- castellanohablantes, debatiendo en la Cámara con el pinganillo en la oreja para poder entender las intervenciones en las distintas lenguas de Taifas de nuestro Estado de la sinrazón. Babel en versión siglo XXI. El ridículo puede ser, en efecto, planetario.

Como sostienen economistas de reconocido prestigio a los que nadie escucha, como el profesor Rodríguez Braun, el razonamiento es bastante simple: "si no hay crecimiento, la capacidad de recaudación se resiente y la única forma de sanear la Hacienda es recortar el gasto, que es lo que ha hecho el sector privado pero al que los gobernantes se resisten. En tal caso el riesgo de impago de la deuda pública aumenta, lo que presiona al alza su coste y por extensión el coste del crédito en general. España no es Grecia, claro, porque a Grecia no le presta dinero nadie a menos del 10 % (o sea, no le presta dinero nadie del sector privado), por lo que necesita préstamos públicos, mientras que a España le prestan y le prestarán, a un coste mayor, pero la mitad del de Grecia. Como los tenedores de deuda pública son los bancos, el mayor riesgo de impago afecta negativamente a su cotización y las bolsas caen. Nótese que todo esto sucede cuando el máximo derrumbe de la actividad económica ha quedado atrás: 2010 será mejor que 2009. Pero como las autoridades no cumplen con su deber, obligan por ello a pagar más, como siempre, a sus súbditos".

En definitiva, que todo este desastre -como siempre- lo pagaremos usted y yo, y entretanto, los co-responsables del desaguisado dejarán la política -esperemos que más pronto que tarde- y se retirarán a sus aposentos con una suculenta pensión vitalicia. Por los servicios prestados.