LAS COSAS QUE NO SALEN EN LA PRENSA

A pesar de que nos hemos acostumbrado a la descoordinación entre los miembros del gobierno (no sería la primera vez en la que un ministro dice algo, y a las tres horas otro, o el propio presidente, dice todo lo contrario) y al lanzamiento de globos sonda para ver cómo caen en la opinión pública (por citar sólo uno, acordémonos del alargamiento de la jubilación forzosa a los 67 años), llama la atención el último y súbito bandazo de este gobierno de impresentables. De negar por activa, por pasiva y por perifrástica la necesidad de recortar el gasto público, se pasó en apenas 24 horas a anunciar el paquete de medidas más radical desde la posguerra, con subida de impuestos, congelación de pensiones y recorte de sueldos de funcionarios incluido (medida que jamás se había tomado en este país). 

Esta tarde, el mismo Consejo de Ministros que se vanagloriaba de no gobernar mediante decretazos (como la derecha), aprobará un decreto-ley de medidas urgentes que supone el mayor retroceso en política social y económica de los últimos 70 años. 

¿Por qué supone un retroceso? Porque si a esas medidas le unimos la subida de impuestos (previsiblemente del IRPF, lo que machacará más aún a las rentas medias) y la próxima subida del IVA, que entrará en vigor el 1 de julio, el resultado será un espectacular descenso del consumo, de la demanda interna, de la recaudación tributaria, y como corolario, el mantenimiento o incluso el incremento del déficit público.

Pero ¿por qué ese cambio tan radical de actitud del gobierno? ¿Por qué llamó Barack Obama a Rodriguez Zapatero? ¿Por qué presionaron también Sarkozy y Angela Merkel? ¿Qué sucedió entre el 3 y el 7 de mayo? 

Durante la segunda semana negra del Ibex 35 –la primera fue el pasado febrero– la bolsa española llegó a perder casi un 14%, hasta situarse en el nivel de los 9.000 puntos, arrastrada, sobre todo, por la banca española. No fue el único parquet que se resintió. También fue la semana en la que cayeron a plomo las bolsas europeas, al tiempo que se disparaban a niveles máximos las primas de riesgo de la deuda de España y Portugal. De hecho, el pánico a la quiebra de países de la zona euro –incluida España– provocó el mayor descalabro de Wall Street desde los años 80 –llegó a caer casi un 10% en apenas cinco minutos–.

En esos días de alta tensión fue también cuando saltó el rumor de que el Gobierno español estaba estudiando la posibilidad de solicitar un rescate a Bruselas próximo a los 280.000 millones de euros. Y, curiosamente, poco después (el fin de semana del 8 y 9 de mayo) dicho rescate tuvo lugar tras una reunión extraordinaria de  los líderes de la zona euro en la que se acordaba, junto al Fondo Monetario Internacional (FMI), la aprobación de un mega plan, dotado con 750.000 millones de euros, para evitar la quiebra de países. Los datos anteriores ponen de relieve no sólo el miedo real a que la crisis de deuda pública en Grecia se trasladara al resto de economías periféricas de la zona euro, los conocidos PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, España y Grecia), sino que, realmente, dicho contagio tuvo lugar. Reputados economistas han reconocido que al Sr. Campa, Secretario de Estado de Economía, se le escapó -en un círculo muy restringido- que España había estado al borde de la quiebra a principios de mayo. Ese comentario, curiosamente, no ha trascendido a las grandes parrillas informativas de los medios de comunicación españoles, pero sí fue objeto de comentario en el Financial Times, por ejemplo. 

En efecto, España se encontró en situación de insolvencia y, dado el tamaño de su economía (cinco veces superior a la griega), tuvo que ser rescatada in extremis para no arrastrar consigo a sus acreedores (Alemania y Francia).

Como dice Manuel Llamas, ¿cómo puede constatarse tal afirmación? La Junta Directiva de la CEOE lo expuso con meridiana claridad en su reunión del pasado miércoles, poniendo voz a lo que muchos no se atreven a decir. El presidente de la Comisión de Economía de CEOE y del Instituto de Estudios Económicos (IEE), José Luis Feito, no dudó en calificar la situación vivida entre el 3 y el 7 de mayo de "dramática". De hecho, afirmó: "El viernes pasado (en referencia al 7 de mayo) España se encontraba quebrada, porque no había ninguna financiera que comprara deuda o bonos españoles, ni públicos ni privados, aunque se llegaron a ofrecer tipos de interés cercanos al 18%", tal y como recoge José María Triper en El Economista. Es decir, que el mercado internacional cerró por completo el grifo de la financiación no sólo al Tesoro Público (que ya es grave) sino también al sector privado –bancos y cajas españoles–. 

Todo ello mientras los "gobernantes" (por llamarlos de algún modo) españoles, en una interpretación tan simplista como embustera, culpaban de la caída del IBEX "a los especuladores", insultando -una vez más- la inteligencia de los españoles. 

Y si caía España, "ello supondría la quiebra de los países del euro", alertó Feito, ya que arrastraría a la insolvencia al sistema financiero alemán y francés, principales compradores de deuda española hasta no hace mucho, y motores de la unión económica y monetaria. Así pues, fue la situación de quiebra técnica de España la que obligó a poner en marcha el plan de rescate extraordinario aprobado en Bruselas en la madrugada del lunes 10 de mayo, horas antes de que abrieran las bolsas europeas. 

Ese lunes fue, precisamente, cuando el Ibex registró la mayor subida de su historia (más de un 14%), impulsada por los avances de la banca –con subidas superiores incluso al 20%–. No es para menos si se tiene en cuenta que España estaba en quiebra técnica el viernes y 48 horas después había sido rescatada al contar con el aval de los países más fuertes de la zona euro (Alemania y Francia) y al contar con la compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo (BCE) –mecanismo inédito en la historia de este organismo–. 

Sin embargo, desde entonces los líderes europeos –sobre todo el español– insisten en que todas estas medidas extraordinarias se adoptaron para defender al euro de los ataques especulativos, ocultando así a la población que, en realidad, la debilidad de la divisa única respondía a la situación de quiebra técnica de países miembros, como es el caso de España. Pero España no sólo fue rescatada el domingo 9 de mayo, sino  también intervenida, de ahí el drástico cambio de rumbo aplicado por el Gobierno en su política económica. Las condiciones de Bruselas y Washington eran claras: España debía y debe reducir el gasto público para ir cerrando la brecha fiscal, así como aprobar reformas estructurales (mercado laboral y pensiones) para impulsar el crecimiento económico.

Manuel Llamas también da las claves para explicar cómo hemos llegado hasta aquí. La situación se veía venir desde hace meses. Lo que demuestra una vez más la incapacidad del gobierno español, que deja acreditado que no tiene ni idea de lo que se trae entre manos. El Gobierno había logrado hasta ahora colocar deuda pública gracias a un particular mecanismo de financiación indirecta por parte del BCE. En esencia, pese a las reticencias de los inversores extranjeros a comprar bonos españoles, el Ejecutivo logró disparar su deuda pública gracias a los bancos y cajas españoles.

Las masivas inyecciones de liquidez a la banca europea por parte del BCE desde la quiebra de Lehamn Brothers a finales de 2008 fueron aprovechadas por las entidades nacionales para adquirir deuda pública (productos, en teoría, de menor riesgo) y sacar beneficio del arbitraje de tipos: las entidades pedían dinero a corto al BCE al 1%, tipo de interés prácticamente nulo, e invertían en bonos a una rentabilidad mayor, al tiempo que estos títulos servían de garantía para sus activos. Una operación financiera redonda por la cual el Gobierno lograba colocar su masiva emisión de deuda. Los bancos, en teoría, mejoraban su liquidez y el Gobierno español lograba financiación para cubrir su creciente déficit público (del 11,2% del PIB en 2009). Pero la fiesta se acabó cuando el BCE comenzó a cerrar el grifo.

Los factores que permitieron el estallido de la tormenta perfecta coincidieron en el tiempo: la crisis de deuda griega, la creciente restricción de liquidez por parte del BCE, el abultado déficit de España, el récord de emisión de deuda del Tesoro, las necesidades de refinanciación a corto plazo por parte del Gobierno (cerca de 225.000 millones de euros en 2010), la proximidad del "día D" para la deuda española (el próximo julio, con un vencimiento de deuda de 60.000 millones de euros), la ausencia de reformas, el estancamiento económico, la falta de reestructuración financiera, el gran apalancamiento de bancos y cajas con el exterior (tienen que refinanciar cerca de 85.000 millones en 2010, otros tantos en 2011 y unos 100.000 en 2012), la creciente exposición de estas mismas entidades a la deuda española...

Todo sumó para acrecentar hasta límites insospechados el rechazo de la deuda pública y privada nacional por parte de los inversores. Así, el "vende España" y el "no" a deuda española (pública y privada) fueron los mensajes que dominaron los mercados bursátiles durante aquellos días, hasta situar a España en situación técnica de insolvencia financiera. 

Los gráficos no dejan lugar a dudas sobre la trampa de deuda en la que ha caído el país. El Gobierno disparó el gasto público desde inicios de 2009 bajo el argumento de que los "estímulos" permitirían el inicio de la recuperación económica, mientras los ingresos fiscales se desplomaban como resultado del fin de la burbuja inmobiliaria. Todo ello se materializó en un déficit público histórico y en la consiguiente emisión récord de deuda, que el Tesoro logró colocar en el sistema financiero español con la inestimable ayuda del BCE.

Tan sólo entre junio y julio de 2009 bancos y cajas adquirieron del BCE 24.000 millones de euros que fueron a parar casi íntegramente a las arcas del Estado, restringiendo así aún más el crédito a empresas y familias. 

De este modo, el acaparamiento de crédito por parte del Gobierno generó un efecto expulsión (crowding out) que agravó la ya de por sí intensa restricción crediticia que sufría el sector privado (credit crunch).

Este fenómeno prosiguió en el tiempo: en la actualidad, bancos y cajas acumulan una deuda con el BCE próxima a los 80.000 millones de euros. Un dinero que, en gran medida, ha sido invertido en deuda nacional hoy degradada (de menor calidad) por las agencias de calificación de riesgo.

Fue, precisamente, la rebaja aplicada por Standard and Poor´s el pasado 29 de abril la que hizo saltar las alarmas. Y es que, dicha degradación encareció, al mismo tiempo, no sólo la emisión de deuda pública, sino también privada, ya que los bonos del Tesoro son considerados los activos de menor riesgo en el mercado. 

La rebaja de la nota al país se tradujo automáticamente en una rebaja al resto de las empresas españolas. En este sentido, hay que tener en cuenta que el sistema financiero español debe mucho dinero al exterior, con lo que se vio afectada tanto por la presión del índice interbancario (que representa lo que los bancos se prestan entre sí) como por la degradación de la deuda española acumulada en sus balances. 

De hecho, es aquí donde entra en juego el BCE. Los bancos centrales de la zona euro han comenzado a comprar deuda pública española directamente a las entidades (mercado secundario) como mecanismo adicional para inyectar liquidez. 

Así pues, la quiebra del país estuvo servida. Por eso el gobierno tuvo que abjurar de todas sus políticas como si nada. Por eso España se ha convertido en un protectorado de Washington y Bruselas y Zapatero actúa al dictado de lo que le dicen. Por eso, en este momento de debilidad extrema, el amigo de las civilizaciones Mohammed VI reivindica una vez más Ceuta y Melilla. Por eso ahora se renuncia de facto a la soberanía de las aguas españolas que circundan el puerto de Gibraltar hablando los portavoces de Exteriores de "aguas gibraltareñas". 

Por eso ahora pasan las cosas que pasan y que a veces no entendemos.